Mientras que el nuevo contratista provisional, Ambulancias Tenorio, se reúne con los sindicatos para asegurar la permanencia de los puestos de trabajo, el Consorcio Extremeño de Transportes -prestador del servicio durante los últimos 30 años- alega que el precio inicial está por debajo de los costes.

Continúa la polémica en Extremadura por la adjudicación del contrato de transporte sanitario terrestre a una empresa de fuera de la región (la andaluza Ambulancias Tenorio), poniendo fin así a 30 años de servicio del Consorcio Extremeño de Transportes, formado por siete cooperativas. La decisión, de momento provisional, podría convertirse en definitiva en un par de semanas.

Mientras que Tenorio ha mantenido reuniones con los representantes sindicales de los 842 trabajadores afectados por el cambio de titular, para asegurarles que respetará las condiciones laborales existentes, así como las mejoras sociales planteadas en su oferta,  los dirigentes empresariales del Consorcio Extremeño de Transporte explicaron el pasado jueves en el Parlamento regional que exigirán  que Ambulancias Tenorio cumpla con la contratación de los 105 trabajadores adicionales prometidos en su oferta, y que servirían en los nuevos vehículos incluidos.

Asimismo, ha recurrido en los tribunales el pliego de condiciones y estudia hacer lo mismo con la adjudicación definitiva, lamentando la posible desaparición de algunas de sus empresas en caso de mantenerse la adjudicación a Tenorio, teniendo asimismo que vender vehículos recién adquiridos.

La oferta

Con un importe inicial de 139 millones de euros, la oferta de Ambulancias Tenorio se impuso gracias a una rebaja de 17 millones, lo que generó una inmediata preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores, planteando las empresas hasta ahora adjudicatarias lo absurdo del precio de salida -que ya que estaría 23 millones por debajo del coste más los 17 rebajados por Tenorio-, si bien ellas mismas, a su vez, ofrecieron una rebaja de ocho millones.

Por otra parte, el pasado jueves trascendió que el acuerdo de adjudicación permitiría a la Junta elevar finalmente el precio a pagar en un 10%, una “previsión de modificación del contrato” prevista en la legislación según explicó José María Saponi, diputado regional del PP, en un debate de la Asamblea de Extremadura.